El racismo no siempre grita: muchas veces solo exige documentos, expulsa de un bar o invita al silencio. Entre el espacio público y la cultura pop, los cuerpos que incomodan, racializados, feminizados, populares, siguen siendo puestos a prueba por un orden que decide quienes pertenecen y de qué manera.  Casos recientes y el activismo pop de figuras como Bad Bunny, Lali o María Becerra muestran que la cultura popular no es neutral: es un campo de disputa política.

Lali Espósito – María Becerra – Bad Bunny

El episodio ocurrió un miércoles por la tarde, en una estación de la línea B del subte de la ciudad de Buenos Aires. Un actor, Oki Guzmán, camino a un ensayo, fue interceptado por una agente de la Policía de la Ciudad antes de pasar el molinete. “Dame el documento”, le exigió, y sin su consentimiento se lo arrebató para escanearlo. Lo que siguió no fue un control de rutina: fue una escena de humillación, de violencia, de abuso de poder. “Estoy acostumbrado, es por portación de cara”, explicó el actor después. La frase condensa una experiencia que no es individual. La ciudadanía racializada es siempre condicional.

Hace un tiempo, algo similar ocurrió en Bilbao. El actor Sambou Diaby fue expulsado de un bar mientras tomaba algo con su pareja. El motivo: fue confundido con un “mantero”. No estaba vendiendo nada. Estaba sentado, solo estaba viviendo. El color de su piel fue suficiente para activar la presunción de ilegalidad. “Me siento vasco, hablo euskera, represento a Euskal Herria”, explicó. Nada de eso es suficiente para evitar la sospecha.

Ambos casos ocurren en contextos, con personas y geografías distintas, pero responden a la misma lógica: el control del espacio público a partir de la racialización del cuerpo. No hay falta previa. No hay conducta sospechosa. Hay una lectura automática que decide quién pertenece, quién está incluido y quién debe dar explicaciones.

El decir “acá no podés estar” no es una decisión individual. Son prácticas aprendidas. El racismo funciona así: como rutina, como repetición, como pedagogía cotidiana. Enseña, una y otra vez, que para algunos cuerpos la ciudadanía es condicional. Hay algo profundamente naturalizado que lleva a actuar como si la diferencia justificara la desigualdad, al punto de negar a algunas personas los derechos ciudadanos más básicos.

Bad Bunny: la resintencia POP

A partir de un libro que estuve leyendo sobre Bad Bunny, se me ocurrió pensar que los mismos cuerpos que pueden ser hostigados en el subte o expulsados de un bar son los que, cuando suben a un escenario, incomodan al poder. El libro Bad Bunny. Siempre político, nunca impolítico, de Ariadna Estévez, plantea que la música popular, y en particular la música urbana, es un territorio de disputa política, racial y colonial, aunque se la quiera leer como simple entretenimiento. El colonialismo contemporáneo regula cuerpos, deseos y espacios; decide quién es visible como sujeto y quién como problema. El pop viene a discutir ese orden que es presentado como “natural».

La obra de Bad Bunny  es política desde el inicio porque habla desde un lugar históricamente criminalizado: el del Caribe, el del reguetón, el de los cuerpos racializados, el de las lenguas y estéticas despreciadas por el canon. Cuando denuncia la gentrificación, el colonialismo o el desplazamiento forzado en Puerto Rico, no está “mezclando arte y política”: está haciendo visible una experiencia colectiva que suele ser silenciada.

Cuando a un cuerpo racializado, feminizado o subordinado se le exige que explique quién es para poder estar, la cultura pop deja de ser entretenimiento y se vuelve denuncia.

Algo similar ocurre, con sus propias especificidades, en Argentina. Lali Espósito o Maria Becerra – solo por citar algunos ejemplos-  son dos de los fenómenos pop más importantes del país. Su música, su estética y su masividad las colocan en un lugar de enorme visibilidad. Y justamente por eso, cada vez que hablan, cuando se posicionan frente a discursos de odio, cuando defienden sus derechos, cuando incomodan al conservadurismo, se le exige neutralidad. 

La exigencia no es ingenua. A los artistas populares se les pide que no opinen porque su voz llega lejos. Y cuando esa voz es femenina, disidente o no alineada con el poder, la reacción suele ser disciplinadora. En el caso de Lali, el castigo no es policial, pero sí simbólico: insultos, deslegitimación, ataques públicos, intentos de reducirla a “producto” para anular su palabra.

La pregunta de fondo es la misma en todos los casos: ¿quién puede ocupar el espacio público sin ser cuestionado? ¿Quién puede circular, sentarse, hablar, cantar, existir sin tener que justificar su presencia?

El actor detenido en el subte iba camino a ensayar para el Colón y el Metropolitan. Sambou Diaby es un actor reconocido, vasco, euskaldun. Lali es una artista consagrada, masiva, indiscutible en términos de éxito. Ninguna de esas credenciales impide que el control, la sospecha o el intento de silenciamiento aparezcan.

La cultura pop no inventa estas tensiones. Las amplifica. Las vuelve visibles. Por eso incomoda. Porque muestra que el problema no es una policía, un camarero o un comentario en redes, sino un sistema que sigue decidiendo qué cuerpos son considerados ciudadanos legítimos (“gente de bien”) y cuáles deben dar explicaciones.

Decirle a un artista que “no haga política” es, muchas veces, otra forma de decirle que no ocupe ese lugar. Que no hable. Que no moleste. No estamos frente a artistas “politizados”, sino frente a un poder social que todavía decide quién puede hablar, desde dónde y con qué cuerpo.

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